- Drogas El negocio de la Marihuana escondido en la Cañada Real
- Drogas Desmantelan una banda de narcos que enviaba paquetes de marihuana equipados con rastreadores a Alemania
Unas 1.300 familias de la Cañada Real madrileña, el mayor asentamiento irregular de Europa, han cumplido este mes cuatro años sin luz y afrontan su quinto invierno sin calefacción, una situación que se perpetúa y que tiene «preocupado» incluso al papa Francisco, que recibió al párroco de la Cañada, Agustín Rodríguez, para hablar del incumplimiento de ese derecho básico.
«El papa no entiende que haya gente viviendo sin luz en una ciudad como Madrid, es una barbaridad. Le preocupa que no hayamos sido capaces de encontrar una solución», explica Rodríguez a EFE sobre el encuentro que, por mediación del arzobispo de Madrid, José Cobo, mantuvo en agosto con el pontífice, que «conocía las realidades» del asentamiento y está «muy interesado por los lugares más empobrecidos».
El corte del suministro por Naturgy en octubre de 2020 afecta al sector 6 de esta antigua vía pecuaria, mientras que el sector 5 tiene luz, pero restringida, detalla Rodríguez, que lleva desde 2007 al frente de la parroquia de Santo Domingo. Debido a una «sobredemanda de potencia», motivada principalmente por plantaciones ilegales de marihuana, «las líneas se autoprotegen y saltan» cortando el flujo como medida de seguridad, una situación que «castiga a las familias que no tienen posibilidad de encontrar otras fuentes de energía».
Se trata de «un fracaso colectivo», según Rodríguez, para quien la Iglesia ha intentado mediar «desde el minuto cero», pero «ni las distintas administraciones, ni las dinámicas de confrontación o de diálogo han conducido a ningún sitio. No ha habido capacidad en este país para resolver una situación humanitaria y de dignidad básica».
Mientras, los ayuntamientos han dado «respuestas paliativas, que no resuelven. El de Madrid ha facilitado leña, vales de gasolina, bombonas de butano y, durante un tiempo, un servicio de lavandería», continúa el párroco.
Hay dos soluciones: «Aumentar la potencia o disminuir la demanda, algo difícil para los vecinos. Hay elementos que demandan luz (los cultivos ilegales) y pueden encontrar otras fuentes de energía, y quienes pagan el pato son las familias que no tienen posibilidades, eso es lo preocupante», considera.
Según investigadores de la Carlos III, «la irregularidad o alegalidad» de las viviendas impide a las familias obtener contratos de suministro al no contar con cédula de habitabilidad, siendo «los enganches ilegales una de las pocas formas de obtener electricidad».
Ante ello, la compañía Unión Fenosa Distribución (Grupo Naturgy), decidió «implementar cambios técnicos en la red para detectar e interrumpir el flujo en caso de sobrecorriente». Ello supuso, en octubre de 2020, «el aislamiento energético de los sectores 5 (entre Rivas y Madrid) y 6 (Villa de Vallecas, Madrid)», indica el último informe elaborado en este sentido.